Ante las eventuales reformas que se realizarán a la Constitución Federal para reforma el sistema de impartición de justicia en México, es previsible que “las Constituciones locales también deban sufrir cambios; por ello, es obligado que comience un análisis sobre estas reformas en nuestra entidad”.
Así lo manifestó el magistrado Hugo Gama Coria, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán (TJAM), al plantear la necesidad de que, también aquí, arranque un proceso conjunto, con la participación de todas y todos los involucrados con el ámbito jurisdiccional, a fin de que la reforma aporte “los elementos deseados para fortalecer el ejercicio de este derecho humano en el estado”.
En entrevista, Gama Coria refirió que “el gran debate que se ha venido realizando sobre la reforma judicial y últimamente, sobre los órganos autónomos, sólo se ha hecho desde el ámbito federal, desde el centro”.
Sin embargo, “es indispensable que desde la academia o las instituciones del interior se empuje un análisis jurídico de lo que corresponderá a la parte local ya que, una vez que la reforma se apruebe, así también tendrán que reformarse las constituciones y leyes locales, y no se han iniciado reflexiones al respecto”, advirtió.
En realidad, debatir en este momento “si habrá reformas o no, ya debe pasar a segundo término. Lo he señalado antes: la conformación de los Congresos permite realizar este tipo de cambios sin dificultad; lo que sí debemos estar pensando y reflexionando ahora, es sobre el contenido de las mismas, sobre cómo hacer que mejore efectivamente el funcionamiento de las instituciones de justicia en beneficio del colectivo”, subrayó.
El presidente del TJAM, llamó entonces a “que establezcamos puentes de comunicación que posibiliten un diálogo respetuoso y permanente en Michoacán, a efecto de que la impartición de justicia esté a la altura de lo que requieren las y los michoacanos. Insisto, la confrontación es enemiga de la construcción de acuerdos y es lo que menos se requiere para modificar el marco constitucional y legal de una de las reformas más importantes para la protección de los derechos ciudadanos”.
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