Los tribunales actuales, autónomos y amparados en las competencias que les otorgan las Constituciones de los Estados modernos, “son fundamentales para una convivencia civilizada; sin estos, volveríamos a la justicia por propia mano, regresaríamos a la Ley del talión”, afirmó el magistrado J. Jesús Sierra Arias, durante su conferencia: “Los Tribunales como garantes de la seguridad jurídica”.
Durante la misma, que se desarrolló a modo de charla interactiva con estudiantes de la Universidad La Salle Morelia, el magistrado Sierra Arias expuso que los Tribunales actuales son “el mecanismo que ha determinado el Estado para que se cumplan los derechos de las personas”, a la vez que, “son un contrapeso de los propios poderes del Estado”.
El presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán (TJAM) refirió lo anterior, para sostener que los órganos jurisdiccionales garantizan la seguridad jurídica (esto es, en síntesis: que existen leyes y que se hacen valer) y, con ello, garantizan también condiciones de civilidad en sociedades como la nuestra.
Sobre esas líneas, dijo: “los tribunales han marcado la evolución de la sociedad, la civilidad, porque son la forma civilizada para resolver los problemas de una comunidad”.
Ahora bien, para que éstos cumplan con esa función, han de ser “imparciales e independientes, pues de lo contrario la justicia que impartan no sería tal; estarían actuando a la luz del más fuerte. Lo más valioso para los órganos jurisdiccionales es la autonomía que puedan tener frente a un actor institucional.
“Los tribunales son garantes de la seguridad jurídica, en tanto se apartan de presiones externas para resolver de manera imparcial. Ahí está su importancia”, expuso.
Antes de ello, el también magistrado titular de la Primera Sala Ordinaria del TJAM habló al estudiantado sobre el surgimiento de los Tribunales modernos, que surgen tras la división de Poderes que plantea el nacimiento del Estado tras la caída del antiguo régimen -la monarquía- y que en primer término estuvieron sujetos al Poder Judicial.
Sin embargo, en décadas recientes han surgido otros tribunales, dado que “los Estados han crecido y las funciones tradicionales de los Poderes Ejecutivo Legislativo y Judicial ya no son suficientes para dar respuesta a todas las necesidades de una sociedad que ya pasó a un estado de desarrollo muy diferente a aquél de los años 1800”.
Los tribunales creados durante las últimas décadas del siglo XX tienen como característica principal la autonomía; y la razón de ello, es que la requieren para cumplir funciones altamente especializadas, “que ya no están bien dispuestas en los Poderes tradicionales, como la cuestión electoral, por ejemplo”, explicó.
Más aún, expresó el magistrado, la autonomía también “significa garantía y seguridad” sobre el actuar de tales órganos que, constituidos constitucionalmente, "vienen a ser un contrapeso de los propios poderes del Estado, de los propios legisladores, del Ejecutivo".
Por ese carácter constitucional, subrayó, es que los tribunales autónomos complementan el sistema de contrapesos entre los Poderes, “con la especialización -por un lado- de sus funciones y, por ser ajenos al juego de la política, dijéramos, ajenos a los ‘apetitos’ del momento. De ahí que su integración incluso rebase los periodos de los órganos tradicionales”.
La cuestión de la justicia
La garantía jurídica es la certeza del contenido de las normas jurídicas y, de que éstas son aplicadas de acuerdo con su contenido; y los tribunales la garantizan mediante el acceso a la justicia, explicó el magistrado Sierra Arias.
Cuestionó, sin embargo, tal acceso a la justicia en el México del presente. “Es un gran tema, porque en este momento, no es algo con lo que la sociedad esté conforme. Hoy en día el acceso a la justicia es uno de nuestros grandes pendientes”.
Esto obedece a varias causas, añadió: Los asuntos en un Tribunal son extensos, pueden tardar años incluso, si es que llegan a instancias internacionales. Además, tenemos tres instancias y muchos recursos jurídicos a la mano que interrumpen el proceso y, por otra parte: la justicia es cara.
En ese escenario, expuso, “habría que pensar en hacer un rediseño de las normas, para que, sí, tengamos posibilidad de contradecir una decisión jurisdiccional, pero de forma que esto no impida que la justicia llegue a tiempo”.
Por otro lado, es un hecho “que muchas personas no tienen recursos para pagar a un profesionista que lleve sus asuntos y, por ende, muchos casos no llegan a los tribunales porque no hay dinero para costearlos, lo cual se traduce en impunidad o en injusticias”.
Las nuevas generaciones deberán pensar en promover cambios para mejorar el sistema actual, planteó el magistrado a las y los universitarios. “Un profesionista siempre tiene que estar inconforme con las cosas como están; porque lo único que logra un cambio es la insatisfacción que sentimos, y la propuesta de solución que damos”.
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