La acción de la justicia administrativa es importante, en el sentido de que afecta a la colectividad y abona a creación de una cultura de la legalidad, afirmó el magistrado J. Jesús Sierra Arias, ante estudiantes de la Universidad Vizcaya en Uruapan, Michoacán.
El magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán (TJAM) ofreció la conferencia: “El Procedimiento Administrativo en el Código de Justicia Administrativa”, el 9 de junio anterior.
Ahí habló sobre el derecho administrativo como un “campo laboral amplio y atractivo” para las nuevas generaciones de abogados, pues la materia a que se dedica –el acto administrativo como acción del Estado para la colectividad– es tan numerosa y diversa como las normas que la regulan, explicó.
Ante estudiantes, profesores, abogados y funcionarios municipales de Uruapan, el magistrado Sierra Arias expuso algunos principios sobre el derecho administrativo destacando una de sus vertientes: que puede servir como herramienta para que los particulares, los ciudadanos, cuestionen los actos de la autoridad ante órganos jurisdiccionales como el TJAM.
La competencia de un Tribunal como éste, explicó, es amplia porque abarca los actos administrativos de los Poderes públicos, sobre todo los del Ejecutivo cuya “acción de Estado, digamos, es precisamente el acto administrativo; y la cantidad de estos actos es mayúscula. Por eso es casi imposible que una persona domine la totalidad de los procedimientos”.
Los actos administrativos son “generales, continuos y están fundamentalmente encaminados a satisfacer necesidades colectivas”, explicó el también magistrado titular de la Primera Sala Administrativa ordinaria del TJAM.
“Una calle, la red de agua, un mercado, la regulación del Tránsito, etcétera, son todos actos administrativos; y tienen una acción continua porque la administración pública debe atender las necesidades colectivas en el momento en que se le demande. Ese es su carácter fundamental: la oportunidad”, dijo.
Sin embargo, para ejercer tales funciones la administración pública “necesita tener competencia y, actuar bajo un procedimiento que funde y motive su actividad. Todo acto administrativo requiere un procedimiento previsto en la ley, pero esto no siempre se entiende en el Ejecutivo”.
Planteó el magistrado, la falta de este conocimiento puede llevar a los servidores públicos “a llevar a cabo procedimientos administrativos irregulares; es decir, actos administrativos irregulares” que más tarde podrán ser analizados por un Tribunal como éste para verificar su validez y eficacia, o caso contrario, declarar su nulidad.
En ese sentido, “lo que hace un tribunal como el TJAM es no sólo resolver el problema entre, digamos, un particular y un ayuntamiento; sino que, a través de esta resolución, también sienta un antecedente sobre rencauzar la actividad de la administración pública, al decir cómo no se hacen las cosas si se quiere cumplir con la norma”.
El magistrado Sierra Arias subrayó la trascendencia del acto administrativo en la vida de las personas, “pues todos tenemos necesidad de estos actos, y por ello la recurrencia del contacto, y el conflicto, entre la ciudadanía y la administración pública es elevadísimo”.
De ahí, entonces, la tesis de que la justicia administrativa “efectivamente, abona a la cultura de la legalidad en nuestra sociedad”, planteó. Esta conferencia forma parte de un esfuerzo permanente del TJAM por difundir el derecho y la justicia administrativa en Michoacán.
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