Diversos estudios nacionales e internacionales como los realizados por el IMCO o el Banco Mundial (Doing Business), emiten una serie de recomendaciones a las entidades federativas y a las capitales de las mismas, ello para poder identificar los mejores lugares para hacer negocios, las que implican mejoras en el servicio público, pero también enuncia el tema de la corrupción como resultado de los excesivos trámites gubernamentales.
Un aliado del funcionario corrupto es el cúmulo de requisitos o trámites para obtener un servicio público; ejemplo entre muchos, desde una licencia de funcionamiento municipal hasta una licencia de construcción qué pasa por estudios de impacto ambiental, dictámenes de protección civil y autorizaciones del sistema de agua potable, todo ello favorece y alienta las conductas indebidas, pues el entuerto en tiempo y dinero para alcanzar las licencia llevan al cansancio al usuario, quienes para obtener lo que desea es tentado u obligado a otorgar beneficios a los empleados públicos.
La problemática del manejo de dinero en efectivo para el pago de servicios públicos, son otro mal que azuza la corrupción, la alienta y potencializa, de ahí la imperante necesidad de empujar políticas públicas encaminadas a evitar el uso de efectivo en las oficinas gubernamentales.
La Mejora Regulatoria debe permitir a las instituciones públicas realizar un análisis pormenorizado de los trámites que se requieren para que el ciudadano pueda obtener un servicio público, a efecto de encontrar las áreas de oportunidad para reducirlos en tiempo y costo, esto con dos objetivos, estimular la eficiencia y eficacia de la función pública, y con ello evitar la tentación de la conducta corrupta tanto del empleado público como del particular interesado.
A su vez, el Gobierno Digital debe ser una herramienta que permita realizar trámites en línea, es decir, utilizar la tecnología para fortalecer lo señalado en el párrafo anterior, pero más aún, debe ser ese instrumento el mecanismo de pago de los servicios públicos; hoy la gran mayoría de las empresas y los gobiernos pagan los salarios con tarjeta bancaria, lo que permite que los pagos a los gobiernos por sus servicios y trámites puedan realizarse de la misma manera, tal y como sucede en países de Asía o Europa en los que el dinero en efectivo va en desuso.
De igual manera es necesario establecer métodos tecnológicos para la aplicación y cobro de infracciones de tránsito, esto porque en la mayoría de los estudios e indicadores las policías encabezan los actos de corrupción, tal y como se refleja en el reciente estudio presentado por el INEGI en el mes de mayo pasado (Encuesta Nacional de Impacto y Calidad Gubernamental).
México, los estados y los municipios deben simplificar sus trámites y servicios, así como empujar con mayor ahínco el gobierno digital, esto no solamente para tener mejor funcionamiento de las instituciones públicas y ofrecer mejores servicios, sino cómo una estrategia que permita combatir la corrupción.
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